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Aceites AJD y Almazara de Jaime. Belchite (Zaragoza).

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Agricultura estrecha el cerco sobre las aceiteras que dan 'gato por liebre' al cliente

Mayo de 2017

Agricultura estrecha el cerco sobre las aceiteras que dan

La venta a pérdidas no es la única práctica que trae de cabeza a los inspectores. La calidad del aceite también está en la agenda del Ministerio de Agricultura, encargado de poner sobre aviso a las comunidades autónomas cuando detecta indicios de fraude. Y lo canaliza a través de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que ya está planeando intensificar los controles a nivel nacional para evitar que las empresas aceiteras den 'gato por liebre' a los clientes que compran aceite de oliva virgen pensando que es virgen extra, por ejemplo. No es la primera vez que el Ministerio capitaneado por Isabel García Tejerina da un toque a las comunidasdes autónomas, con competencia para inspeccionar y sancionar en caso de irregularidades.

La Dirección General de Industria Alimentaria ya mandó una carta en abril en la que decía tener la "fundada sospecha" de que se estaban alterando "algunas muestras", sin desvelar nombres ni regiones de procedencia de las aceiteras. La Agencia Catalana de Consumo aseguró entonces que los envasadores implicados eran andaluces, y fue una de las poquísimas comunidades que respondió a la solicitud de El Confidencial. Y es que hablar de fraude en la calidad del aceite activa el piloto automático del silencio en las administraciones, muy cuidadosas a la hora de facilitar unos datos que no son de dominio público. e hecho, sabemos que AICA ha tomado 158 muestras de aceite y las ha enviado al laboratorio de referencia desde su creación en 2013, pero no sabemos en cuántas de ellas se ha detectado fraude al consumidor por manipulación de este producto. La cifra de muestras ascendió a 39 en 2016 y "lo lógico es que vayan en aumento", en línea con el propósito de dicho organismo de control. Su último informe anual no especifica los resultados de dichas inspecciones y el Ministerio tampoco facilita los datos pese a la insistencia de este periódico. Tampoco confirma ni desmiente que AICA esté articulando una campaña para extremar las precauciones, como sugieren tanto desde el sector como desde el departamento de Seguridad Agroalimentaria de Aragón. "Sí que han llegado cartas donde el Ministerio nos pide que prestemos atención a la calidad del aceite", añaden desde la Consejería de Agricultura de Valencia. Madrid, Andalucía y Cataluña de momento no han ofrecido ninguna información al respecto.

Las autoridades tienen motivos para centrar buena parte de sus esfuerzos en una industria con elevados porcentajes de fraude. Incluso rozan el 50% de las muestras analizadas, deslizan fuentes del sector. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ya alertó de la gravedad de la situación en un informe (2012) donde concluyó que 12 de las 40 marcas analizadas no superaron la prueba de cata estándar. En concreto, dos enseñas no cumplieron los requisitos sensoriales para venderse como aceite de oliva virgen. "En vista de sus numerosos defectos, son lampantes y deberían haberse destinado al refino y no a la venta". Otras nueve botellas que se comercializaban como 'extra' tampoco alcanzaron los atributos para llevar esa denominación. Los aceites pueden presentar adulteración, pero eso no significa que pongan en riesgo la salud de los consumidores. En realidad se trata de un engaño que afecta directamente a nuestro bolsillo, pues las empresas aprovechan para fijar un precio superior aludiendo a una etiqueta que no siempre se corresponde con la realidad. "No nos sorprende en absoluto que el porcentaje de fraude se aproxime a la mitad. Por desgracia, es imposible que los clientes detecten por sí mismos semejante fraude", explica Enrique García, portavoz de OCU. Solo un laboratorio y una degustación por parte de catadores acreditados puede determinar la calidad de este producto, una metodología que genera serias dudas entre algunas de las fuentes consultadas. El aceite es el "único producto" del mercado que está obligado a someterse a un análisis organoléptico como paso previo al etiquetado que definirá sus cualidades. "Dependemos del criterio de un panel de catadores.

Es un proceso subjetivo que crea una inseguridad jurídica para las empresas", denuncian fuentes de la patronal de envasadores y refinadores, Anierac. Y consideran injusto que a menudo se hable de fraude cuando, en su opinión, se trata de una simple diferencia de criterios. Las aceiteras se exponen a "multas de 30.000 euros o más" y ven su imagen "destrozada" en los medios sin ser realmente culpables en muchos casos, matizan desde esta organización. Eso sí, se declaran "firmes defensores" de las labores del Ministerio para atajar las irregularidades y son uno de los 78 firmantes que han suscrito el código de buenas prácticas de la industria de la alimentación.

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